La acción de amparo por mora de los tucumanos María Eugenia Boggiatto (jubilada por invalidez con un régimen especial), Elena Marta Flores (jubilada transferida), Inés Leonor Flores Bas (pensionada), Carlos Alberto Salvatierra (jubilado) y María Isabel Segarra (jubilada) parece salida de uno de los relatos salvajes del cineasta Damián Szifrón. Todos estos ciudadanos dijeron que acuden una vez más al Juzgado Federal Nº2 porque agotaron las vías para conseguir que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) liquide y pague los reajustes de haberes reconocidos en sentencias firmes. En el medio, iniciaron expedientes administrativos; plantearon prontos despachos; pidieron conminaciones pecuniarias (astreintes) y denunciaron por desobediencia judicial a Diego Bossio, director ejecutivo del organismo. Ninguna de estas acciones logró, sin embargo, vencer la resistencia recalcitrante de la institución previsional.

Los amparistas litigan para obtener una mejor jubilación o pensión desde 2006 (Segarra), 2007 (Boggiatto y Flores) y 2009 (Flores Bas y Salvatierra). Según la demanda, todos consiguieron por separado fallos favorables a sus respectivas pretensiones. Frente al incumplimiento de las decisiones judiciales, iniciaron el juicio de ejecución, y la Anses recibió el oficio que determina el nuevo monto del haber previsional y el pago de la deuda generada por las diferencias resultantes en forma retroactiva. A partir de allí, transcurrieron sin novedades los 120 días hábiles previstos en la ley para cumplir con la manda judicial.

La indiferencia respecto de las órdenes de judicatura generó un nuevo pedido a la Justicia para que intervenga en el conflicto. “No existe otro medio idóneo para hacer cesar la arbitrariedad manifiesta en la que está incurso el organismo demandado en vistas a la edad avanzada de los demandantes y al deterioro del estado de salud de la mayoría de ellos”, expresa la acción de amparo interpuesta el 19 de agosto pasado por el abogado apoderado René Marcelo Ruiz ante el despacho a cargo del juez Fernando Luis Poviña. Los adultos mayores que impulsan ese juicio sostienen que la reticencia de la Anses ataca al sector más vulnerable de la sociedad, y lesiona la vigencia del Estado de Derecho y la división de poderes prevista en la Constitución Nacional.

El incumplimiento incluso supone desoír el fallo “Pedraza”, de mayo de este año, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que, a su vez, ordene a la Anses que acate las sentencias en su contra. La demanda recuerda que, en virtud de esa jurisprudencia, el máximo tribunal del país dictó la acordada que declara la competencia de las cámaras federales para resolver juicios previsionales. “La resolución que solicitamos no puede ser dilatada puesto que nos vemos imposibilitados de disponer de un derecho de naturaleza alimentaria (afectado por la inflación)”, expresaron los amparistas tucumanos. Y añadieron: “son inconstitucionales las arbitrariedades del poder político en la medida en que su consumación limita al magistrado y coloca en indefensión al ciudadano que concurre a refugiarse en la Justicia. Si no existe ese amparo frente a la discrecionalidad que violenta flagrantemente la ley, el Poder Judicial no tiene razón de ser”.

Compromiso asumido
Dos meses después de “Pedraza”, la Anses informó que durante el primer semestre de 2014 había “resuelto” 19.504 sentencias, lo que implicaba un 9,52% más con respecto al mismo período del año anterior, cuando se habían abonado 17.808 casos. En el mismo período, el organismo expresó que dispuso pagos por retroactividades de sentencias judiciales en 14.835 casos, por un total de $ 3.769,7 millones. Al respecto, Bossio sostuvo: “estamos trabajando intensamente para reducir el número de sentencias pagando a quien corresponde, y priorizando a los que tienen más años y a los que ganan menos. Si bien heredamos esta situación, nosotros asumimos el compromiso de resolver hasta el último caso y es lo que estamos haciendo”. El director ejecutivo de la Anses tiene numerosas denuncias penales en su contra derivadas de la falta de cumplimiento de fallos favorables a jubilados y pensionados. Por este tema, en junio, la diputada Elisa Carrió y otros dirigentes del Frente Amplio-UNEN, pidieron a la Justicia que investigue si Bossio cometió los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.